La reforma de pensiones aprobada en marzo por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, incorpora paulatinamente las medidas pactadas con la Comisión Europea. El plan que trazó el Gobierno para convencer a Bruselas de que la sostenibilidad del sistema de pensiones está garantizada a largo plazo pasa por mejorar los ingresos por cotizaciones sociales, sin racionalizar el gasto. Además del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la 'sobrecotización' que se aplica sobre todas las nóminas y pasará del 0,6% al 0,7% el próximo curso, la subida proyectada de las bases máximas de cotización se realizará aplicando la nueva fórmula: variación media de la inflación más 1,2 puntos adicionales. Este cálculo destopará las bases máximas en el entorno del 5%, alcanzando a los salarios de 56.600 euros anuales.
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A quién afectará más
El Banco de España explica, en base a datos de la propia Seguridad Social, que hay 1,3 millones de afiliados (casi el 7% del total) en la base máxima de cotización, con una mayor presencia de los hombres que de mujeres (8,2% frente a 5,1%).
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Los trabajadores de mediana edad son los más afectados por este destope y por la cuota de solidaridad que se comienza a aplicar con la nueva reforma de pensiones. Entre los 44 y los 63 años, el 8% de los trabajadores está en la base máxima. Especial incidencia para los trabajadores de 60 y 62 años, pues más del 10% está en ese límite superior.
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Los trabajadores con rentas salariales que superan la base máxima prevista tampoco van a escapar de los efectos de la última reforma de Escrivá. Para el tramo salarial que exceda dicho límite, el Gobierno ha creado la denominada cuota de solidaridad. Impone tramos y los tipos aplicados variarán entre el 0,92% y el 1,17% el próximo 2025 y aumentarán año a año hasta alcanzar un tipo mínimo del 5,5% y un tipo máximo del 7% en el año 2045.