Así son los incentivos a la contratación que entran en vigor el 1 de septiembre

Los empresarios podrán beneficiarse de un nuevo marco de incentivos a la contratación. Se trata de un régimen de ayudas para estimular la entrada en el mercado laboral de personas consideradas de “baja empleabilidad” o en situaciones de vulnerabilidad, como parados de larga duración, discapacitados, víctimas de violencia de género o personas en riesgo de exclusión. La ley, además, premia la transformación de contratos formativos y temporales en indefinidos, y la conservación del empleo en sectores como la agricultura o el turismo.

Las bonificaciones, que se pagarán vía descuentos en las cotizaciones de la Seguridad Social, vienen recogidas en el Real Decreto-ley 1/2023, una norma que se aprobó en enero — sin pasar por las Cortes, directamente validada por el Consejo de ministros — pero que no entrará en vigor hasta mañana. El decreto ley introduce novedades, como nuevos colectivos a proteger, la actualización de las cuantías de las ayudas (ahora son cantidades fijas y no porcentajes) o la obligación para el empresario de contar con un plan de igualdad.

Beneficiarios

Podrán beneficiarse las empresas que contraten, de forma indefinida en la mayoría de los casos, personas pertenecientes a una serie de colectivos que el real decreto enumera.

Será incentivada, por ejemplo, la contratación de personas con capacidad intelectual límite (128 euros al mes durante cuatro años); readmitidos tras ser cesados por incapacidad (138 euros al mes por dos años); mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual (128 euros al mes durante cuatro años) o jóvenes sin bachillerato ni grado medio registrados en el sistema nacional de garantía juvenil (275 euros en tres años), si bien la norma desarrolla más supuestos.