Estos ERTE por coronavirus, que caducaban el próximo 28 de febrero, han sido prorrogados por el Gobierno hasta el 31 de marzo. De esta forma, las empresas que estén en esta situación tienen un mes más para transitar a los ERTE estructurales establecidos en la reforma laboral, si, por sus circunstancias, lo necesitan.
Y es que, tal y como aclara Bruno Álvarez, socio de Sagardoy Abogados, el ERTE es un mecanismo coyuntural, que no debe de aplicarse para situaciones estructurales para las que existen otras medidas como los despidos colectivos o las extinciones individuales de contratos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.
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Así, de cara al 1 de abril, las entidades en ERTE por coronavirus que precisen seguir con los ajustes temporales de flexibilización tienen tres opciones. La primera de ellas es que, si se activa el mecanismo RED en su sector de actividad, como parece que va a ocurrir con el de las agencias de viajes, podrían acogerse a él. La segunda, y más probable, sería proceder a la negociación de un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) en los términos de su nueva regulación tras la aprobación de la reforma laboral. Y la tercera, acudir al ERTE por fuerza mayor.
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Un mes para transitar
En cualquier caso, como apunta María Segovia del Moral, abogada del departamento laboral de Lener, la implementación de un ERTE, ya sea por fuerza mayor temporal como de uno ETOP, requerirá la realización de un nuevo procedimiento, con nueva documentación, nuevas solicitudes y nuevo periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores en el caso de los ETOP. Por tanto, teniendo en cuenta que es necesario iniciar un nuevo proceso, Mireia Sabaté, socia de la práctica de Derecho Laboral de Baker McKenzie en Barcelona, recomienda a las empresas que efectúen la transición “a la mayor brevedad” para poder concluirla durante el mes de marzo.
Si bien, la reforma ha reducido los plazos de ejecución de los ERTE ETOP, el tiempo disponible sigue siendo ajustado. Ahora, la constitución de la mesa negociadora debe hacerse en cinco días en caso de que todos los centros afectados tengan representantes legales y en diez si alguno de ellos no los tiene. Además, el periodo de consultas durará siete días si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y quince si se supera ese umbral.