Quedan menos de dos meses hasta el 1 de diciembre, que es cuando finaliza el plazo para implantar o adaptar un sistema interno de denuncias que funcione de forma efectiva dentro de las empresas de entre 50 y 250 empleados.
Esta es una de las novedades de la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
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Es esencial conocer la forma de adaptar los canales internos de denuncia de la empresa a la norma, para evitar o reducir el riesgo de enfrentarse a una sanción.
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Para adaptase a la nueva legislación, las PYMEs deberán:
1.- Implementar un sistema interno de denuncias, que siga el procedimiento aprobado por su órgano de administración. Este deberá gestionar de manera efectiva las comunicaciones y trasladarlas a la Autoridad Independiente de Protección del Informante o el órgano autonómico equivalente.
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2.- Designar a un responsable del sistema interno de denuncias, y notificarlo a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. En las grandes empresas existe un puesto concreto, pero en las PYMEs suele tratarse de un miembro del personal de Recursos Humanos, el cual no puede recibir órdenes o instrucciones de la empresa en relación con dichas funciones.
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3.- Cumplir con todo lo anterior antes del 1 de diciembre, ya que las sanciones que pueden imponerse a una PYME, siendo una persona jurídica, pueden llegar a los 600.000 de euros en caso de infracciones graves, y hasta 1.000.000 de euros por infracciones muy graves. También las personas físicas pueden ser sancionadas, en este caso, con hasta 300.000 euros por infracciones muy graves.