El PP ha planteado, en el seno del Pacto de Toledo, que el periodo que se utiliza para calcular la cuantía de las pensiones futuras se eleve hasta el entorno de los 30 años, "en línea con lo que viene sucediendo en una mayoría de los países del entorno".
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Aumentar el periodo de cálculo implica tener en cuenta, de cara a las futuras prestaciones, salarios más antiguos. En este caso, y si finalmente el Pacto de Toledo accediera a llegar a los 30 años, quienes se jubilasen a partir de ahora verían como en su pensión influyen sueldos de finales de los años 80, mucho más bajos que los actuales. De ahí se explica, además, que cada vez que se reforman las pensiones ese periodo haya sido elevado.
"En 1980 se utilizaban los dos últimos años, y luego fueron 8, y luego fueron 15... y ahora, en base a las últimas medidas, se está aumentando progresivamente de 15 a 25. Creemos que hay que ampliar ese horizonte a 27, 28 o 30 años", explican esas fuentes. El modelo avanza, por tanto, hacia el uso de toda la vida laboral como método de cálculo, algo que ya sucede en Alemania, Bélgica, Reino Unido, Suecia o Finlandia.
Es en este contexto, de recorte del gasto, en el que hay que entender la propuesta de la ministra Fátima Báñez de que los trabajadores puedan elegir lo mejor de su vida laboral para no ver mermada en exceso su pensión. Desde el PP explican que el Pacto de Toledo estudiará que quienes acumulen una larga trayectoria laboral, "superior a los 37 años", puedan eliminar entre 2 y 5 años del cálculo de su pensión.
Lea la noticia completa en El Economista, 17-01-2018
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