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Díaz obvia que el Supremo ve incompatible el empleo con algunas prestaciones al derogar el despido por incapacidad permanente

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha apresurado esta semana a aprobar la derogación del despido automático en los casos en los que los trabajadores accedan a situaciones de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, una medida que ha aprobado después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) prohibiera en enero este tipo de despidos a raíz de un caso de España.

El Ministerio, por tanto, da respuesta a las exigencias del TJUE, que son vinculantes y de hecho ya son tenidas en cuentas en los tribunales españoles, pero la derogación se ha llevado a cabo sin abrir un proceso de negociación con la patronal y los sindicatos para ver cómo se articula la nueva obligación que tienen las empresas de ofrecer a los trabajadores que se encuentran en esta situación una adaptación de su puesto de trabajo. "Será obligatorio que las empresas realicen los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejerzan su derecho al trabajo, incluso si acceden a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional", explicó el Ejecutivo.

En concreto, si el trabajador desea seguir trabajando, la empresa tendrá que intentar hacer los ajustes a su puesto para que pueda seguir haciéndolo y, si no es viable, tendrá que ver si tiene algún otro puesto distinto vacante que pueda seguir ocupando. Si este proceso sale bien y se encuentra un nuevo rol para el trabajador, se abren dos situaciones en función de su situación: si tiene una incapacidad permanente total podrá compatibilizar la prestación con el salario, pero si es incapacidad permanente absoluta o gran invalidez tendrá que elegir entre el sueldo o la pensión, tal y como ha dictaminado recientemente el Tribunal Supremo.

Este Tribunal, en sentencia del 11 de abril de la Sala de lo Social a la que ha tenido acceso EL MUNDO, unifica doctrina y determina que la percepción de una pensión de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no puede ser compatible con un empleo, de ahí que si una empresa ofrece un puesto adaptado al trabajador que se encuentra en esa situación, éste podría perder la prestación si la norma deja claro que es algo que recae en su elección. "Puede que se perjudique al colectivo al que se pretende favorecer. Las prisas son malas consejeras", denuncian fuentes de la mesa, que creen que el Ejecutivo debería haber negociado con patronal y sindicatos todos los cambios relativos a las incapacidades.

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