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Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Hoy se ha publicado el RDL 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Como ya os indicamos en nuestra anterior Circular publicada la semana anterior, el Gobierno ha publicado nuevas medidas económicas y sociales para hacer frente al impacto del COVID-19.

Hoy destacamos las que consideramos que más pueden afectar a la empresas, autónomos y trabajadores, entendiendo que las mismas estarán en vigor exclusivamente mientras se mantenga la situación de emergencia dictada por el Gobierno y que las medidas relacionadas a continuación estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Carácter preferente del trabajo a distancia

Se suaviza considerablemente el tema de la Prevención de Riesgos Laborales para aquellos trabajadores y empresas que opten por esta forma de prestar servicios.

Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada

Todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que tengan el cónyuge o pareja de hecho, así como familiares hasta segundo grado a su cargo, tienen derecho a acceder a la adaptación de su jornada laboral o reducción de la misma, cuando concurran circunstancias excepcionales con el fin de evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. Es decir, prácticamente todas, pues es una circunstancia el cierre de centros educativos. En todos los casos el Empresario deberá aceptar la adaptación del horario a las necesidades de la persona trabajadora, o a la reducción de jornada, pudiendo llegar a ser del 100%, con el correspondiente ajuste del salario.

Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual

Para profundizar en el tema consultar los art. 7 al 16 del RDL 8/2020.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Autónomos que tienen derecho

  • aquellos que su actividad ha quedado suspendida por el RD 463/2020, de 14 de marzo.
  • Aquellos que su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se haya reducido en un 75% con respecto al promedio de facturación del semestre anterior.

Requisitos

  • Estar afiliados en el RETA antes del 14 de marzo de 2020
  • Acreditar bajada de facturación, según apartado anterior, a no ser que su actividad haya quedado suspendida por RD 463/2020
  • Hallarse al corriente de pago de cuotas, o ponerse al día en el pago de las mismas en un plazo de 30 días.

Prestación

  • La prestación será del 70 por ciento de la base reguladora, cuando se tenga el periodo mínimo de cotización para tener derecho al cobro normal de la prestación.
  • Si no se tiene el periodo mínimo de 12 meses de cotización a cese de actividad, la prestación será el 70% de la base mínima de cotización

Duración de la prestación

  • La duración será de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día el mes en que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción será tiempo cotizado y no reduce derechos sobre futuras prestaciones (no se contará como tiempo consumido, si hiciera falta en el futuro solicitar la prestación).

Incompatibilidad

  • Esta prestación es incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas de fuerza mayor (ERTE)

Situaciones que quedan encuadradas como fuerza mayor:

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

En estos casos se presenta el ERTE con la documentación acreditativa ante la Autoridad Laboral. Ésta deberá resolver el expediente en el plazo de cinco días, previo informe de la Inspección de Trabajo. Si se acepta el ERTE, este tendrá efectos desde el momento en que tuvo lugar la fuerza mayor.

Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económica, técnica, organizativa y de producción

En el caso de empresas que no cumplan el requisito de fuerza mayor, deberán regirse por las siguientes normas, siempre que deseen llevar a cabo un ERTE:

Si no existe representación sindical en la empresa, deberán escoger los trabajadores a tres de ellos como representantes “ad hoc”, o bien contactar con los sindicatos más representativos del sector y que estos los representen. Esta comisión representativa deberá estar constituida en un periodo máximo de 5 días.

Aperturar un periodo de consultas, que no durará más de 7 días. Una vez concluido el mismo se presentara el ERTE ante la Autoridad Laboral y ésta puede solicitar informe a la Inspección. En el plazo de cinco días, la Autoridad Laboral dictará resolución.

Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los ERTE por fuerza mayor

Se exonera a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 de la LGSS, así como de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el periodo de suspensión o reducción de contratos, en aquellas empresas que a 29 de febrero de 2020 tuvieran menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social. Si la empresa, en esa fecha, tenía 50 o más trabajadores, la exoneración será del 75% de la aportación empresarial.

Se considera cotizado dicho periodo para el trabajador.

Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23

En caso de la aplicación de un ERTE, tanto por fuerza mayor como por otras causas, el trabajador percibirá la prestación por desempleo aun cuando no cumpla el periodo de carencia necesario para ello, que es de 12 meses.

La citada prestación no se tendrá en cuenta para futuros periodos de prestación; es decir, no resta para el futuro periodo de prestación que pueda producirse.

Para el cálculo de la prestación se tomará la media de las bases de cotización de los últimos 180 días, o los días trabajados cuando no se llegue a estos 180.

La duración de la prestación será hasta el momento en que finalice el periodo de suspensión o reducción.

La presentación de la solicitud de prestación por desempleo está suspendida, por lo que la falta de esta no conllevará la reducción del periodo de prestación.

Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19 y ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO

Para profundizar en el tema consultar los art. 29 al 32 del RDL 8/2020.

Prórroga de la vigencia del documento nacional de identidad

Sin perjuicio de lo que, sobre el periodo de validez del documento nacional de identidad, establece el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica, queda prorrogada por un año, hasta el día trece de marzo de dos mil veintiuno, la validez del documento nacional de identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La prórroga de la validez del documento nacional de identidad permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo.

***

Estas son las medidas que afectan directamente a empresas, trabajadores y autónomos, si bien proporcionamos el enlace al Real Decreto Ley 8/2020, para quien desee conocer todas las medidas propuestas en otros ámbitos.

De cara a los clientes que deseen tomar acciones en relación con sus empresas y trabajadores, deberán contactar con Alarona, preferiblemente a través de correo electrónico con el departamento laboral, en concreto con quien gestiona sus temas:

Ivet (ivet@alaronaconsulting.com)

Meritxell (nomines@alaronaconsulting.com)

Y poniendo en copia a Javier (javier@alaronaconsulting.com)

(Si desea efectuar alguna consulta profesional relacionada con las cuestiones abordadas en la noticia, puede llamar al teléfono 935 36 80 20 o gestionarla en esta sección)

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